Libertad de expresión en una palabra: 'libertad'

La 'comisión de la verdad contra la desinformación' que pretende imponer el Gobierno no puede funcionar equitativamente desde una oficina política, bajo los faldones del primer ministro

JULIO MIRAVALLS | 6 de noviembre de 2020
En un Foro de El Mundo, obviamente hace unos cuantos años, este lego tuvo ocasión de preguntar directamente a Manuel Fraga si con su ley de prensa e imprenta no acabó por escapársele de las manos al viejo régimen el control que pretendía sobre los medios de comunicación y la realidad social. El ya anciano político, presidente de Galicia en aquellos momentos, me miró achicando un poco los ojos mientras pensaba la respuesta y luego empezó a hablar con un «pues quizás tenga usted razón, que se nos fue de las manos...».

Hoy aparecen referencias a la Ley Fraga (18 de marzo de 1966) en multitud de artículos de opinión, a propósito de la comisión de la verdad contra la desinformación que el Gobierno quiere imponer. Y no en todos los casos parecen tener muy claro los articulistas de qué están hablando.

Hay una gran diferencia entre aquella ley y esta propuesta, cuyo nombre tiene un claro antecedente en el 'Ministerio de la Verdad' de la novela de Orwell 1984 (ese ministerio era una gran fábrica de mentiras oficiales). En 1966, Fraga intentaba lavar la cara del régimen ante el exterior con un aggiornamento, una puesta al día, en materia de libertad de expresión. Convendrá recordar que Fraga era el ministro de Información y también de Turismo. España estaba empezando a abrir sus playas y monumentos a media Europa.

Aquella ley eliminaba la censura previa (y, en cierto modo, la autocensura de periodistas y creadores, que solía ser muy estricta) cambiándola, al menos en el material impreso, por el depósito previo de ejemplares. En la práctica, no se leían, o quizás sólo se hacían lecturas selectivas de los medios y autores que se podían considerar más peligrosos para el franquismo.

Se canceló la censura previa, pero el poder se reservaba la fiscalización de los contenidos y herramientas tan poderosas como el secuestro de una publicación (o una película) y hasta la cancelación de su inscripción. O sea, el cierre definitivo y, llegado el caso, la voladura de su edificio, como ocurrió con el díscolo diario Madrid. El secuestro, por cierto, se ha practicado más de una vez en democracia y en más de una ocasión voces expertas han señalado que la Ley de Prensa de Fraga técnicamente sigue vigente, porque no fue derogada por la Constitución (no era una de las Leyes Fundamentales del franquismo ni colgaba formalmente de alguna de ellas), ni se ha promulgado otra normativa que la reemplace. Al menos, hasta ahora.

Si Fraga concedió en aquel Foro de El Mundo que su ley contribuyó a que las cosas se le fueran de las manos al régimen es por el efecto que suprimir la censura previa tuvo sobre el cine, las revistas gráficas y los libros. De repente se empezó a ver el destape y las imágenes empezaron a estirar los límites. «Con Fraga, hasta la braga...», se decía entonces, sugiriendo lo que las actrices podían mostrar en pantalla y fotos de revista. Pero la realidad llegaba más lejos. Las insinuaciones eran cada vez más explicitas y los diálogos y las situaciones expresaban muchísimo más de lo que el viejo censor de traje negro, gafas de concha y rictus amargado hubiera tolerado jamás. Y esa laxitud inherente, por supuesto, también se deslizó, aunque con más timidez, hacia la propia prensa que hablaba de diversos asuntos, algunos incluso de interés general. Los españoles empezaron a vislumbrar un poco la realidad del país.

Probablemente el pensamiento del gobernante no estuvo bien alineado con las tecnologías del momento para la comunicación y no contó con el poder de la imagen para transmitir un impactante mensaje: nuevos tiempos, nuevos usos, nuevas mentalidades y definitivo ocaso del pensamiento antiguo.

Por esa nueva vía de expresión libertaria, al franquismo se le empezaron a ver las debilidades y la senectud. Faltaban nueve años para que empezase la Transición, pero una transición no se hace de repente, como su propio nombre indica, sino paso a paso. Cuando Franco murió, la sociedad estaba mucho mejor preparada para digerir el momento.

Fraga obtuvo, sin duda, unos resultados que no buscaba. Por eso, establecer paralelismos con lo que ahora propone el Gobierno es difícil que se ajuste a la realidad. A menos que, como consecuencia de la nueva norma, la multitud de televisiones y medios afines dejen de embellecer la realidad, con enfoques unidireccionales y empiecen a contar las cosas más como son.

En lo que sí coincide la iniciativa «contra la desinformación» del Gobierno es en la economía de recursos. Y en encastillarse en el pensamiento antiguo como modelo de poder. En eso sí que da un salto atrás de más de medio siglo.

El gobernante dice que es «imprescindible establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España». Pero se plantea el control desde una oficina política, bajo los faldones del primer ministro, cuyas capacidades, por muchos funcionarios y asesores que pongan a ello, apenas darán para vigilar a los cuatro o cinco (o los que sean) medios desafectos, perfectamente localizados, que, como el diario Madrid en su día, publiquen cosas que molestan al caudillito.

Lo expresó con claridad el jefe de la Guardia Civil (ascendido luego a general) que, en una de las interminables ruedas de prensa pandémicas, explicó que Interior había encargado investigar los bulos y noticias falsas, «por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». ¿Qué es eso de dejar en mal lugar al Gobierno?

REQUISITOS DE CREDIBILIDAD

Las trolas, que siempre han circulado en la sociedad por los canales disponibles, principalmente el boca a boca, hacen daño cuando se mezclan indiscriminadamente con la información legítima, con apariencia similar y en un clima de crispación e intransigencia política como el actual. El plan contra ellas podría considerarse una propuesta creíble si, para su puesta en marcha, el Gobierno hubiera anunciado, lo primero, la creación de un comité responsable equilibrado, integrado por todas las fuerzas parlamentarias, con ciertos criterios técnicos.

Y, en segundo lugar, más importante todavía, si a continuación se anunciase un proceso transparente para la contratación de alguna empresa tecnológica con la capacidad adecuada para poner en marcha un verdadero sistema de vigilancia y seguimiento en tiempo real de lo que se dice (más que quien lo dice) en el brutal entorno digital y televisivo.

Es un trabajo para sistemas de inteligencia artificial, con aprendizaje automático, para detectar los patrones de las trolas y bulos a medida que surgen. Aunque tal vez una máquina inteligente y no sectaria no daría abasto con las intervenciones públicas de políticos, en tareas de gobierno u oposición, y algunos altos funcionarios...

La tercera cuestión que debería plantearse ese plan del Gobierno es qué tipo de respuesta debe dar: crear un canal de comunicación, neutral, no sesgado, que se demuestre merecedor del crédito y respeto de todos, para arrojar a la opinión pública cada uno de sus hallazgos desinformativos. Un mecanismo que utilice la misma tecnología para dar réplica y respuesta inmediata, en su terreno, con similar notoriedad y con el sello de credibilidad de un pacto de Estado. Y luego, si ha lugar, que actúen los mecanismos de la Justicia.

Pero mientras la pretensión del Gobierno sea crear una herramienta política, bajo su estricto control, esto sólo será una regresión para restablecer la censura más inquisitorial de antes de la Ley Fraga. Será atacar directamente a la libertad de expresión porque, sea quien sea y del color que le parezca ponerse el que controle la herramienta, que nadie dude de que será un arma ofensiva contra sus adversarios (a los que ahora directamente tienden los políticos y sus fanáticos a considerar enemigos). Y, desde luego, al estilo del actual Gobierno nunca le atribuirán, como a Voltaire [en falso, dicen los expertos], la frase de «no estoy de acuerdo con lo que dice, pero daría mi vida por que pueda seguirlo diciendo».

Da igual cuáles sean los medios punitivos que el poder piense ejercer contra los mensajes que le contraríen. Seguro que serán contundentes y dolorosos para quienes los sufran, aunque es poco probable que estos residan en granjas de desinformación rusas, chinas, iraníes, cubano-venezolanas o cualquier chiringuito siniestro del mundo occidental. Con los planes anunciados, los objetivos serán más cercanos.

El fenómeno de las fake-news no se va a interrumpir por el pequeño esfuerzo de una oficina gubernamental. Ni por el empeño de un solo país, ni apagando internet, como hacen regímenes totalitarios cuando no les gusta como sopla el viento. Pero, ¿para qué dar ideas a unos gobernantes que ya han demostrado su empeño en controlarlo todo, como antes de aquellos viejos tiempos de Fraga?

La libertad de expresión sólo se define por una palabra: libertad.

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