Tractorada

Existe una vieja tradición por la que una vez al año el centro de Madrid se paraliza por el paso de varios miles de ovejas, atravesando la Cañada Real, en memoria de la trashumancia. Viene a ser un homenaje al campo y la vida rural.

Lo de hoy ha sido totalmente ajeno a las tradiciones. Es la primera vez que miles de tractores atraviesan calles céntricas de la capital, para acabar encontrándose con los guardias de la porra frente a la Puerta de Alcalá.

Pero, al contrario de la indiferencia general cuando pasan las ovejas, la caravana de protesta ha acompañado su recorrido con los aplausos de los ciudadanos.

En Madrid, las manifestaciones suelen ser como mucho aceptadas a regañadientes. Al ciudadano medio no le suele apetecer verse abocado a más atascos, cortes de calles y ruidos que le cortan y entorpecen su rutina.

Y la tractorada se ha envuelto en ruidosas bocinas, que los viandantes ovacionaban sin poder escuchar sus propias palmadas.

Puestos a hacer interpretaciones, es más que probable que buena parte de esos aplausos fuesen, en realidad, abucheos al Gobierno de Sánchez. Ha calado, con motivo seguramente, la idea de que desde La Moncloa se castiga la desafección de los madrileños, que no comulgan con sus pactos y bajadas de pantalones frente a los elementos más disolventes cada vez que al primer ministro le hacen falta votos, o lo que sea, de quien sea.

La queja de los agricultores cuenta, desde luego, con la comprensión de la mayoría de los ciudadanos (salvo de los que lo vean como amenaza a la estabilidad de su amado gobierno), en cuanto se explica el trazo grueso de su situación. Si cobran por los productos que cultivan una ínfima parte de lo que luego paga el consumidor en el supermercado, y encima trabajan a pérdida, a nadie puede parecerle bien. Con lo caro que está todo.

Si, encima, se añade esa competencia desleal que dicen que consiente la Unión Europea a las importaciones agrícolas de fuera, con precios más baratos y dudas sobre sus formas de cultivar, tampoco sería raro que el efecto sea también contra la credibilidad de Bruselas.

Desde una firme fe europeísta, cabe creer que la UE exige a las importaciones el mismo tipo de requisitos que plantea en el mercado interior. Lo que no sustenta esa fe es que las certificaciones que puedan venir de determinados países merezcan el mismo crédito.

Aparte de que hay otras consideraciones, en materia tan sensible como los productos del campo: hace apenas un par de semanas los agricultores franceses quemaban camiones con frutas y verduras españolas, alegando también que los de aquí no cumplen los requisitos europeos como ellos. Los galos tienen más callo en eso de protestar por las bravas.

Es un endiablado problema, en cuyo trasfondo siempre aparece la extravagante cadena de intermediadores, que aparentemente son los que al final se forran. Pero es una historia que se viene repitiendo desde hace décadas y ningún gobierno, en la dictadura o en la democracia, ha tomado, que se sepa, cartas en el asunto.

En cuanto a los consumidores, o sea los ciudadanos de a pie que al final se comen las verduras, aplaudan o no la tractorada, lo más seguro es que tampoco estén dispuestos a pagar 20 céntimos más por cada lechuga bajo promesa de que irán directamente al agricultor.

La experiencia enseña que, para las encuestas, son mayoría los que están dispuestos a gastarse algo más en sus compras si es por una causa justa, ecológica o igualitaria. Luego, a la hora de la verdad, el que más y el que menos se inclina por el producto más barato. Si la banana cuesta la mitad que el plátano y sabe prácticamente igual, ¿quién se va a parar a preguntar dónde se ha criado?

Eso, si acaso, lo dejamos para la próxima encuesta. /Julio Miravalls