No le llamen presidente, llámenlo jefe

MADRID.- Al periodismo siempre le conviene encontrar palabras fuertes que simplifiquen los titulares. Desde que España entró en la senda democrática, en el último cuarto del pasado siglo, una de esas palabras es “presidente”, desnudada de otras que la complementan y definen en el caso político español. Definir es, dice la RAE, “Fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa”.

La palabra “presidente”, en crudo, trae en política reminiscencias que sugieren “poder a título personal”, capacidades y autoridad atribuidas específicamente a la gracia de una persona, por elección o porque se apodera de ellas. Es decir, en este segundo caso, las detenta aprovechando su posición. Volvamos a la RAE, detentar es “1. Retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público. 2. Dicho de una persona: Retener lo que manifiestamente no le pertenece”. Hay presidentes de países europeos cuyo poder es apenas protocolario. Pero también suele ser costumbre en todo el mundo que los dictadores se atribuyan ser el “presidente” del país que sojuzgan. Aunque el anterior dictador español prefirió “generalísimo”. Era militar.

Y como el periodismo español, con cierta venalidad perezosa, se ha acostumbrado a nombrar a los sucesivos jefes de Gobierno con el apelativo único de “presidente”, hemos llegado ya a esa asunción de lo que no es, como si lo fuera. A nadie le perturba oír que alguien, sea político, periodista, juez o pueblo llano hable del “presidente de España”. Cargo que no existe.

Pero lo peor es que el propio presidente del Gobierno en funciones, que es -nada más y nada menos- el jefe de un órgano Ejecutivo que debería actuar de manera colegiada para adoptar sus decisiones, se ha debido creer ya que él es el jefe de todo. Él manda y ordena sobre su partido, el Gobierno, la Administración del Estado, la Justicia, la policía y, llegado el caso, ¿por qué no?, el Ejército, que también le debe obediencia. Le falta un cacho importante del poder legislativo, pero para eso tiene la máquina de redactar Decretos en su despacho; una cohorte de aplaudidores en las Cortes, listos para jalearle cualquier cosa que quiera decir; y asume el poder de partir, repartir y regalar los caudales físicos y morales del Estado para que quien corresponda refrende sus decisiones a cambio de lo que toque. Es el jefe, el dueño del cortijo, capataz y amo, todo a la vez.

Su único problema es que, como su poder no procede de una elección presidencial, en la que los votos tendrían que ir a su nombre, o al de su adversario, para otorgarle las atribuciones que se arroga, ahora depende de conseguir los votos del Congreso para seguir ejerciendo un poder cada vez más absoluto y sin contrapesos. Pero resulta que esos votos delegados son asignados a otros nombres. Y en ese caso, aparte de las ataduras a sus respectivos partidos, a título personal (cada diputado sí es elegido por su propio nombre en una papeleta; incluido el jefe del Ejecutivo en funciones, pero en su caso, únicamente por la circunscripción de Madrid). Requiere los votos de los suyos y de grupos externos, que no le deben su posición y le exigen lo que necesiten o les apetezca. Es su debilidad. De momento, incurable.

Él puede seguir repartiendo con alegría, como si todo lo que hay en el país fuera suyo. Pero hay un inconveniente incluso peor: la voluntad final de alguno de esos votos ajenos depende de otro jefe, minoritario y que ni siquiera ocupa ahora un cargo relevante por elección, cuyas necesidades son más perentorias. Un prófugo -que se dice autoexiliado- para evitar la acción de la Justicia, consciente de que las acciones por las que se le reclama estaban incuestionablemente fuera de la ley, por lo que exige que la ley deje de contar para él. Desconectarse del Estado de Derecho.

Y ese al que el periodismo, los políticos y los ignorantes llaman “presidente” a secas, ha aceptado seguir pautas de conducta caribeña para seguir ejerciendo la cuota de poder de la que se ha apoderado. Cuenta con el aplauso de sus palmeros y la justificación de una parte de la opinión pública, sea por los motivos que sea, además de buena parte de la opinión publicada y una legión de fanatizados, como ese cineasta oscarizado que cada vez que tiene ocasión aprovecha su fama internacional para anunciar un “inminente golpe de Estado de la derecha”. Está al caer la tercera. Y es posible, sí, que España esté viviendo un golpe de Estado a cámara lenta. Pero no desde el lado de la raya que profetiza.

Las concesiones firmadas por su partido político, para conseguir los votos parlamentarios que el primer ministro en funciones necesita imperiosamente, son incluso oprobiosas. Avergonzarían a cualquier representante público sensato que tenga que acudir a un foro internacional con el riesgo de que le pregunten por ellas. Encima, son concesiones de un jefe de Gobierno cuyo partido ni siquiera ganó las últimas elecciones, con cuyos resultados pretende volver a embestir (no es una errata) el cargo.

Su propagandismo se disfraza de “progreso”. Según la RAE, esa palabra se define como “1. Acción de ir hacia delante. 2. Avance, adelanto, perfeccionamiento”. Y hacia delante va, sin duda. Sin contar con otras opiniones, sin frenos, ni controles de ningún tipo. Puro albedrío de jefe omnímodo que no rinde cuentas ante nadie. Tomando las acepciones segunda y tercera de la RAE, le puede cuadrar la definición de “cacique”, que es palabra de origen caribeño: “1. Gobernante o jefe de una comunidad o pueblo de indios. 2. Persona que en una colectividad o grupo ejerce un poder abusivo. 3. Persona que en un pueblo o comarca ejerce excesiva influencia en asuntos políticos”.

Por pura higiene profesional, al menos deberían dejar de llamarle periodísticamente “presidente” a secas. Sean más realistas: llámenlo simplemente “jefe”, que es más corto para titular. O si lo prefieren, el “puto amo”, que para titular suma todavía una letra menos que presidente, incluso contando con el inmenso espacio en blanco que en este caso encierra. /Julio Miravalls