El signo [digital] de los tiempos

Hace un ratillo que se cerró el voto por correo, en versión extendida, tras una prórroga hasta las dos de la tarde de hoy y después de que la propia empresa estirase ayer sus horarios de oficina para recibir rezagados. Acabada esta última prórroga, ya no hay penaltis. A ver qué pasa con los votos emitidos y los que no.

Según datos medianamente verificados, habría unos 160.000 abstencionistas, de entre los 2,6 millones que solicitaron los papeles para votar a distancia. Hay más de 120.000 que no llegaron a recogerlos y en torno a 40.000 que se han arrepentido o se lo han pensado mejor y finalmente no han depositado sus sufragios. Pero ahora queda otra carrera por echar, que nadie sabe cómo terminará: para llegar a la meta, el voto por correo tiene que estar en cada mesa electoral antes de las ocho de la noche del domingo.

Dice la normativa de Interior que "el día de las elecciones, el servicio de Correos enviará todos los sobres que contienen los votos por correo a las mesas electorales a las 9 de la mañana". Pero añade que Correos "seguirá dando traslado de los envíos postales que se sigan recibiendo a lo largo del día, hasta las 20 horas". A esa hora deben entrar en la urna, que se cierra para contar. De modo que a los empleados de correos que se ocupan de la clasificación, distribución y reparto les queda un fin de semana guapo para hacer que esos votos más remolones también valgan.

Son cosas que pasan en los tiempos de la digitalización porque ni el Gobierno español, ni el de la Unión Europea ni ninguno otro del mundo se han tomado en serio lo que debería haber sido una prioridad en el último lustro: asegurar desde sus responsabilidades una identidad digital para los ciudadanos. Son los poderes públicos los que deben establecer qué metodología, con qué garantías y cómo se comparte el mecanismo de identificación entre diversos países. Ha de ser una ID digital adecuadamente internacional. Más o menos, como el pasaporte electrónico, pero sin requerir una máquina enorme para leer un papel y un chip, como las de los aeropuertos. Algo que el ciudadano pueda usar con recursos domésticos cuando le haga falta.

Si lo tuvieran resuelto, ahora se podría votar por internet con seguridad suficiente y se ahorrarían estos calores y estas angustias de última hora. Pero, por supuesto, sin dejar de abrir colegios electorales y un canal de Correos, para quienes quieran mantenerse fieles a la papeleta tangible de papel. No vaya a ser que pase como a la ministra de Hacienda. ¡Vaya revolcón de última hora!

Desde el Gobierno español la digitalización se les carga a los demás. La Agencia Tributaria obliga a las empresas a implantar facturación digital y a los ciudadanos, a declarar el IRPF en pantalla. Ahora viene el Supremo y dice que no, que el procedimiento de la renta puede ser electrónico, pero no de manera obligatoria para los ciudadanos. Que tienen derecho a hacerlo en papel. ¿Y ahora, qué?

Son las contradicciones de una modernidad mal entendida, que a los poderes públicos les pillan siempre con el pie cambiado. Es como lo de las encuestas prohibidas toda esta semana por la ley electoral. Se puede leer en El Periódico de Barcelona que el diario australiano The Adelaide Review sigue publicando cada día los trackings del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP). No preguntemos quién los paga.

Y como internet es la red global, pues no hay empacho por comentar que los últimos datos publicados hoy en Australia mantienen al PP 20 escaños por encima del PSOE, mientras Sumar y Vox se deslizan un poquito hacia abajo cogiditos del brazo. Los australianos devoran esas noticias.

Tiempos digitales...